Cuatro proyectos clave avanzan en el Congreso Nacional. Además del Proyecto de Presupuesto 2019, en paralelo, se discute la adenda al pacto fiscal, la reforma de Bienes Personales y la actualización de balances por inflación. Organizaciones sociales harán un “merendazo” en las puertas del recinto pidiendo que se aumente en 10 mil millones para cubrir la emergencia alimentaria.
Habiendo sorteado los escollos más importantes en torno a las tarifas sociales de servicios públicos, los subsidios al transporte y la compensación por la eliminación del fondo sojero; hoy, el oficialismo se apresta a apurar los trámites para que el Presupuesto sea votado mañana, o a más tardar el próximo miércoles, para luego elevarlo a la Cámara de Senadores. En la previa, la cantidad de diputados que le darían el visto serían 130, los suficientes para la media sanción.
Al mismo tiempo avanzan por andariveles legislativos otros tres proyectos de relevancia política y económica que mantienen en vilo a varios sectores:
1- Adenda al Consenso Fiscal: se trata de un acuerdo entre Nación y provincias por el que se demora la rebaja de impuestos a la que habían arribado a fines del año pasado, lo cual, le permitirá a los distritos compensar los recortes presupuestarios modificando, por ejemplo, las alícuotas impositivas.
2- Bienes Personales: es uno de los puntos que más críticas generó, sobre todo, desde el sector agropecuario. Tal como está redactado, el proyecto sube el mínimo no imponible de $1,05 millones a $2 millones, y aplica una alícuota del 0,75% a los inmuebles valuados por encima de los $20 millones. Para mitigar el impacto en el sector agropecuario, el oficialismo busca introducir una alícuota plana del 0,25% para todos los inmuebles y que el pago del impuesto sea tomado como adelanto de Ganancias.
3- Actualización de balances por inflación: es una preocupación extendida en el ámbito empresarial. Hace poco meses y por la Ley 27.430, el gobierno avaló un ajuste optativo de los activos contables. Las cuentas que hace el oficialismo indican que el Estado se perdería de recaudar uno $100 mil millones por este concepto, motivo por el cual avanza en la suspensión de la actualización. Contadores advirtieron el alto impacto en las empresas por el pago de ganancias de “rentas ficticias”.
