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Política
Diputados trata el proyecto de Economía del Conocimiento
El régimen de Economía del Conocimiento fue aprobado en 2019, desde principio de año se suspendió y se presentó un nuevo proyecto. La iniciativa incluye, entre otras cosas, beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas.
7 de octubre de 2020

En el día de ayer, el oficialismo de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de Economía del Conocimiento, que recibió la aprobación del Senado el viernes pasado y que este miércoles podría convertirse en ley en un plenario del cuerpo.

Es importante recordar que el proyecto original fue aprobado por Diputados en junio pasado y luego modificado en el Senado, por lo que regresó a la Cámara baja para su sanción definitiva con las modificaciones introducidas al texto. El proyecto definirá la realidad de un sector competitivo en los mercados internacionales que, en algunos casos, desde enero de este año no recibe los beneficios impositivos que tenía desde hace muchos años.

La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.

En relación al proyecto aprobado originalmente en diputados, la principal diferencia radica en el escalonamiento de los beneficios a las empresas según su volumen, ya sean grandes, medianas o pequeñas.

En este escenario, Juntos por el Cambio, que en junio había acompañado la sanción de Diputados, se mostró disconforme con las modificaciones realizadas en la Cámara alta y anticipó su rechazo al dictamen de mayoría y su consecuente votación en contra del proyecto.

Cabe recordar que la Ley de Economía del Conocimiento había sido, originalmente, aprobada por el Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri pero la administración de Alberto Fernández suspendió en diciembre su aplicación hasta mandar una nueva iniciativa al parlamento, que es la que se debate actualmente.

 

Otras consideraciones

En el artículo 2 del proyecto, a los servicios que estaban incluidos en la promoción, le suma las siguientes actividades:

e) Servicios Profesionales únicamente en la medida en que sean de exportación y que estén comprendidos dentro de los siguientes:

i) servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal;

ii) servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos (búsqueda, selección y colocación de personal)

iii) servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias (creación de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión publicitaria);

iv) diseño: diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial, diseño interactivo;

v) servicios arquitectónicos y de ingeniería: asesoramiento sobre arquitectura (elaboración y diseño de proyectos y planos y esquemas de obras, planificación urbana); diseño de maquinaria y plantas industriales; ingeniería, gestión de proyectos y actividades técnicas en proyectos de ingeniería;

vi) otros servicios profesionales de exportación que por el uso intensivo de recursos humanos calificados considere la Autoridad de Aplicación.

Además, el artículo 7, que se refiere a la Estabilidad Fiscal, se modificó en la Comisión y señala que los sujetos alcanzados por el régimen “gozarán de la estabilidad de los beneficios que el mismo establece, respecto de su/s actividad/es promovida/s, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y por el término de su vigencia, siempre que cumplan con las verificaciones de las exigencias que dicho régimen prevé (realización de auditorías, controles anuales y revalidación bienal a la que hace referencia el último párrafo del artículo 4°, entre otros compromisos)”.

Otro de los puntos fundamentales de la norma es el artículo 8, que se refiere a las Contribuciones Patronales para las empresas encuadradas. En este caso, los beneficiarios de la presente ley “podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el setenta por ciento (70%) de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social, respecto de los empleados debidamente registrados afectados a la/s actividad/es definidas en el artículo 2°”.

En este artículo se establece que esos bonos “podrán ser utilizados por el término de 24 (veinticuatro) meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales, en particular el impuesto al valor agregado y otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto a las ganancias. Este plazo podrá prorrogarse por 12 (doce) meses por causas justificadas según lo establecido por la Autoridad de Aplicación”.