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Actualizado 29/11/21 17:00

A pocos meses de su promulgación

Diputados cordobeses buscan modificar la nueva Ley de Biocombustibles

La intención del proyecto es cambiar algunos artículos para ampliar el alcance del régimen de promoción y para que no se reduzcan los porcentajes de corte.


Los cuatro diputados que conforman el bloque cordobés del peronismo no kirchnerista, Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Carlos Gutiérrez y Paulo Cassinerio, más el randazzista bonaerense Alejandro Rodríguez presentaron un proyecto en la Cámara con el objeto de modificar la ley de biocombustibles aprobada a mediados de año.

La intención del proyecto es cambiar algunos artículos para ampliar el alcance del régimen de promoción y para que no se reduzcan los porcentajes de corte. Por ejemplo, el actual régimen de biocombustibles que rige hasta el 31 de diciembre de 2030 (con posibilidad de prórroga por cinco años más) estableció una reducción del 10 al 5% en el corte obligatorio mínimo para el biodiésel.

Específicamente, en lo referente al artículo 3 de la ley 27.640, sobre las funciones de la  autoridad de aplicación, el proyecto indica una modificación del inciso g) que quedaría redactado: “Coordinar esfuerzos con el Ministerio de Agricultura, y organismos afines, para facilitar políticas que permitan la provisión sostenida de insumos para la producción de biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria”, eliminando referencias a los límites de precios; y en el artículo 4, el nuevo proyecto pretende incluir en la definición de biocombustibles “al biogás, al biometano, al biojet u otros…” además del bioetanol y el biodiésel.

El artículo 9° también tendría modificaciones, actualmente establece que “todo combustible líquido clasificado como nafta debe contener un porcentaje obligatorio de bioetanol del 12 por ciento”. Las modificaciones proponen agregar que “dicho porcentaje nominal mínimo podrá ser elevado por la autoridad de aplicación cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas”.

Además, el último artículo de la ley sufriría un considerable agregado respecto a la creación de “programas específicos para desarrollar el uso mandatorio de biogás y/o biometano, biojet u otros biocombustibles a definir” y a la autorización para “la fabricación, importación y comercialización de vehículos de combustible flexible y de dispositivos o kits de conversión que permitan la utilización de biocombustibles mezclados con combustibles fósiles”.

Los intereses de cada provincia

El proyecto prevé darle mayor autonomía a las provincias para que puedan establecer sus propios programas de fomento de los biocombustibles, ya sea el bietanol a base de caña de azúcar tucumana, o a base del maíz en las provincias productoras.

Cabe recordar que en la votación de agosto pasado, los senadores cordobeses votaron en contra, al contrario de los dos senadores por la mayoría oficialista santafesina que lo hicieron a favor pese a que la norma redujo drásticamente el corte de gasoil con biodiésel. En Santa Fe hay 19 plantas que generan más de 10.000 puestos de trabajo y que producen 3.500.000 toneladas de este biocombustible cada año.

En ese momento, representantes del sector habían previsto una posible pérdida de 400 millones de dólares en la industria del biodiésel y de 360 millones de dólares en la industria aceitera de soja en Santa Fe, además la caída de la recaudación tributaria provincial en unos 13 millones de dólares.

Esta iniciativa busca nuevamente, con la mira puesta en la próxima conformación del Congreso Nacional, replantear los diferentes intereses de acuerdo a la realidad agroeconómica de cada provincia, con implicancia tanto política y recaudatoria, como de cupos de producción y pujas entre pymes regionales y grandes corporaciones petroleras.