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Actualizado 11/01/21 02:36

Alternativa eficaz

Cómo funciona el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario

Radiografía de un servicio clave para el desarrollo de negocios y la transparencia en los mercados.

El 14 de abril de 1992, el Consejo Directivo de la Bolsa dispuso la creación del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario, para funcionar como tribunal institucional de conciliación, arbitramento y arbitraje. Por lo tanto, interviene en todo litigio que pueda ser materia de transacción y respecto del cual se pacte su competencia.

La experiencia ha demostrado que el arbitraje institucional es la modalidad más conveniente porque existe una entidad que administra y organiza el trámite para que la contienda pueda ser resuelta con eficacia dentro del marco de transparencia y confianza que brinda esta Institución. Para conocer más sobre el funcionamiento de este sector de suma importancia en el desarrollo de los negocios del mercado de granos, BCR News dialogó con los Dres. Alejando Menicocci y Alfredo Althaus, árbitros del Tribunal de Arbitraje General.

FMC Inread

Precisamente, dos de las ventajas de incorporar en una relación comercial el Tribunal de Arbitraje General, son el  tiempo en un arbitraje y la forma. Alejando Menicocci, señaló que: “La idea no es poner al Arbitraje con la justicia ordinaria porque el Arbitraje muchas veces necesita el auxilio de la justicia ordinaria porque hay poderes que el Arbitraje no tiene, por ejemplo: ejecutar”. Y continuó: “Las estadísticas del Poder Judicial santafesino estiman entre tres y cinco  años la duración de un proceso común. No obstante, existen toda una serie de procesos que son de una muy pequeña tramitación, que ingresan en la justicia ordinaria y que no ingresan en la justicia arbitral, por ejemplo, juicios ejecutivos”.

Así, “un juicio ejecutivo técnicamente no podría demorar más de un año y esos no tramitan ante el Tribunal Arbitral, porque el tribual no ejecuta. Dicta una sentencia que ordena cumplir, pero la ejecución no la tenemos. Todo lo que es procesos ejecutivos ingresa a la estadística del Poder Judicial con lo cual podríamos decir que las estadísticas son muy benevolentes, porque si sacas todos los procesos ejecutivos, no estaríamos hablando de una duplicación, pero sí de elevar un 30 o 40% más”, apuntó Menicocci. Y agregó: “Un plazo promedio en un procedimiento en el arbitraje hoy oscila entre el año y el año y medio”.

Otro de los puntos importantes es el costo, ya que “se trata de una instancia no solamente destinada a empresas, sino también a particulares. Existe una idea que los costos son altos, y sin embargo en una comparación integral de costos, creo que son más bajos”, afirmó Menicocci. En primer lugar, porque “hay algo que hoy en épocas de tasas negativas y de altísima inflación, el sufragar una tasa de justicia, más los aportes ordinarios en un juicio tenés, cuando llega el resultado que es el recupero, una pérdida de valor real adquisitivo”. Ahora, en una economía estable, “en un proceso de $800.000, vos insumís en tasa de justicia en el tribunal ordinario $25.000. En el Tribunal Arbitral eso te saldría $50.800, pero para ingresar al tribunal ordinario con esa tasa de justicia primero gastaste otros $25.000 o $30.000 para una mediación que lo más probable es que no te haya llevado a ningún resultado”, comentó.

Por su parte, en relación a la figura del contrato, acuerdo de arbitraje y lugar y forma de acordarlo, el Dr. Alfredo Althaus, puntualizó que “el nuevo Código Civil y Comercial habla de contrato de arbitraje, porque el arbitraje es fruto de un contrato, de un acuerdo entre privados que resuelven acceder a esta vía por las ventajas que advierte en ella”. Así, “generalmente se distingue entre el compromiso arbitral propiamente dicho, que es el que las partes convienen cuando ha surgido un conflicto concreto y entonces acuerdan el sometimiento a un tribunal arbitral. Sin embargo, esto tiene un inconveniente que, quien considera no ser favorecido por el laudo, o especula con el deterioro que representa el efectivo valor de una eventual condena en el proceso inflacionario, más las tasas de interés que favorecen el alongamiento de los juicios. Es decir, quien indudablemente analice que tiene menos perspectivas de ganar o especule con que eventualmente si pierde le va a resultar más barato pagar dentro de cinco años que dentro de un año y medio; no va a estar muy dispuesto a un procedimiento ágil y rápido como es el arbitraje”.

En esta línea, resaltó que “el tiempo es un factor muy importante”. Por lo tanto, “la forma más utilizada, es la celebración de un compromiso arbitral. Generalmente, tiene la forma de una cláusula dentro del contrato base,  el cual si bien recién se celebra, prevé  que en el futuro pueda originarse un conflicto, porque toda relación interpersonal alberga la posibilidad de un conflicto”. Por cierto, es preferible, “determinar al momento de firmar un contrato que ya se deje establecido que ante cualquier conflicto es el TAG el que va a laudar las diferencias, y por eso, “se incluye una cláusula” que en realidad es un “contrato dentro de otro”, afirmó Althaus.

Otro punto central, es la conformación del tribunal, y Menicocci fue contundente al respecto: “El Tribunal de Arbitraje de la Bolsa es un tribunal en el cual pueden ser árbitros aquellos designados por la institución. Hay una nómina de árbitros para el Tribunal de Arbitraje General y otra para la Sala de Mercado de Capitales. De esas listas, las partes cuentan con la posibilidad de pedir el apartamiento o designar de común acuerdo uno o tres árbitros”.

La regla es que deben ser materias de derecho privado, que no sean de orden público y si nos atenemos al texto de la ley, parecería ser que el Estado no puede ser parte de un proceso arbitral. Sin embargo, es posible cuando el Estado actúa como persona jurídica de derecho privado o inclusive cuando una ley habilita el sometimiento a un tribunal arbitral. Hay determinadas materias que están enumeradas en la ley. El reglamento del Tribunal Arbitral, excluye las causas que no sean transigibles, es decir, si las partes no pueden renunciar a sus derechos por sí, tampoco pueden delegar esa facultad en un árbitro. A su vez, la ley excluye a las causas que  refieren al estado civil o la capacidad de las personas, porque se considera que hay un interés superior”, refirió Althaus.

Asimismo, continuó “las cuestiones de familia, lo que merece alguna crítica, porque hay secuelas de los problemas familiares que son de índole estrictamente patrimonial, por ejemplo, la partición de los bienes que formaban parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, la ley lo prohíbe. Los contratos de adhesión, que son los contratos entre partes de desigual interés, poder económico, en las cuales una de las partes predispone las cláusulas y la otra parte tiene la libertad de aceptar o no aceptar, porque no está en un plano de igualdad. Las derivadas de relaciones laborales, tampoco pueden ser sometidas a un tribunal arbitral”.

Por consiguiente, en lo que respecta a los efectos del laudo arbitral entre las partes del fallo del tribunal y efectos sobre terceros, Althaus explicó que “tiene exactamente el mismo valor de una sentencia. Como regla no es apelable en cuanto a la justicia de la resolución, pero si puede ser atacado por medio del recurso de nulidad si se hubiera fallado sobre temas no planteados por las partes o en exceso respecto de lo planteado por las partes, si hubiera arbitrariedad de un apartamiento grosero del ordenamiento jurídico existente, si los árbitros hubieran fallado fuera del tiempo del que gozan por acuerdo de partes. Los árbitros a diferencia de los jueces estatales pueden tomarse un tiempo discrecional, salvo que uno plantee un recurso de pronto despacho, cosa que es infrecuente, mientras que los árbitros tienen su poder jurisdiccional dentro del tiempo acordado para laudar, si se le han fijado 30 días, el día 31 no pueden emitir laudo válido, ha vencido su atribución. Respecto a terceros, siendo el arbitraje generado por un contrato y siendo la regla que los contratos sólo obligan a las partes, en principio los efectos no son oponibles a terceros. Algunas excepciones se han dado en supuestos muy apartados de lo corriente”.

En definitiva, en el estado actual de la justicia ordinaria, la figura del arbitraje privado es una solución efectiva para aportar en el mientras tanto la justicia ordinaria va acomodando sus cosas para terminarlas de acomodar. “Hay que desmitificar que sea una solución que solamente funciona a nivel de un gran conflicto”, señaló Menicocci; y agregó: “Qué mayor aspiración para el comerciante que tiene que acceder al crédito a tasas que duplican la tasa que él puede recuperaren la justicia ordinaria, cuando podría evitar que ese menoscabo patrimonial, que es la dilación extraordinaria de un proceso pudiera subsanarse dentro de un margen adecuado de tiempo”.

Por último, proyectando a futuro, Althaus dijo que “es una tendencia la mayor admisión del arbitraje. El arbitraje es muy antiguo, de hecho, el Derecho Comercial fue elaborado por tribunales arbitrales, es decir, por jueces privados, que en definitiva es eso. El consulado, que existía en numerosos países para resolver los problemas comerciales, era creado por corporaciones de comerciantes cuyas reglas compiladas fueron después la materia prima para elaborar los códigos de comercio, por ejemplo, en Francia, en los albores del Siglo XIX. Es una institución antigua, pero que a partir de cambios políticos, se tuvo una actitud recelosa de los jueces para con los árbitros. Por lo cual, en Francia y otros países se pusieron trabas al desarrollo de los juicios arbitrales. Eso está cediendo en este momento, en Europa tiene un gran desarrollo en América del Norte también, en algunos países latinoamericanos, como Colombia y Perú, en cambio Argentina está un poco rezagada en esta materia”.

Finalmente, Menicocci reconoció que hay que “instalar a nivel de la sociedad civil la idea de que se trata de un medio alternativo para todos los sectores sociales, y no de un medio destinado a un solo sector, el empresariado. Dadas las ventajas enumeradas antes, a la persona que desea establecer jurisdicción arbitral, cuando tiene en frente a otra persona que es reticente a prorrogar la jurisdicción al tribunal arbitral, es un mal indicio”.