Argentina enfrenta la definición de un juicio contra YPF por US$ 2500 millones. Se trata de un proceso iniciado por accionistas que argumentan haber sido perjudicados por la decisión del gobierno de Cristina Fernández de estatizar la empresa. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos debe definir si permite la mudanza de la causa a jurisdicción de Buenos Aires.
La causa comenzó a ser negociada por el fondo Burford Capital (que le compró los derechos de litigio a la empresa española Petersen) en junio del 2013; con lo que pudo esperar una definición durante más de seis años. El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012.
Argentina tiene ya dos fallos en contra, de primera y segunda instancia, que le dan la razón al fondo Burford y sus “asociados”. Al apelar la decisión de la justicia norteamericana, el gobierno nacional espera el fallo inminente de la Corte.
Por su parte, la Corte puede resolver rechazar el pedido realizado por los abogados que representan a la petrolera argentina de dejar sin efecto la causa; aceptar la causa y dejar en firme las sentencias de primera y segundo instancia en contra del país; o, como tercera opción, que se solicite la opinión al “solicitor” o consultor general para las cuestiones judiciales clave. En este caso, ese «solicitor» sería el gobierno de los Estados Unidos, que inclinaría la balanza hacia el lado argentino, pero eso no es garantía de una victoria.
El fallo global podría llegar a los US$ 2.000 millones de capital, más los intereses que fije el tribunal primario más los gastos generados por toda la causa.
