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Actualizado 26/07/21 17:00

boletin oficial

El Ministerio de Seguridad creó un protocolo para la prevención de ciberdelitos

El documento establece los mecanismos que las fuerzas de seguridad podrán emplear para detectar crímenes digitales durante la pandemia.


Este martes, tras su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas” realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Así, la Resolución 144/2020, establece los mecanismos que las fuerzas de seguridad federales podrán emplear para detectar delitos vinculados a la pandemia en internet. En esta línea, el documento expresa que «la prevención policial del delito en el espacio cibernético procurará el conocimiento de posibles conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria establecida» en virtud de la pandemia del coronavirus.

Según la publicación, el protocolo apunta contra «el desarrollo de la criminalidad vinculada a la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud».

Asimismo, el documento indica que «la prevención policial del delito en el espacio cibernético se llevará a cabo únicamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas» es decir, sin vulnerar “el derecho a la intimidad de las personas».

A fin de lograr los objetivos establecidos, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal de la cartera «dispondrá el procedimiento estandarizado y la definición de los indicadores delictivos que orientarán la actividad preventiva» durante la emergencia pública en materia sanitaria.

Según la Resolución, sólo serán objeto de estudio los delitos enumerados en el documento. En este aspecto, «las tareas de prevención deberán omitir aquellas conductas susceptibles de ser consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de Internet y que no evidencien una intención de delinquir».

«Asimismo, se descartará toda posibilidad de acumulación de registros relativos a las personas, debiéndose proceder a su efectiva destrucción luego de concluida la actividad preventora», expresa.

Para finalizar, la publicación hace referencia a la obligación de que el personal policial aplique los principios de «protección de los datos personales», de «protección de la libertad de expresión», de «no criminalización de las protestas en línea» y de «destrucción del material prevenido o judicializado», entre otros.

De esta manera, queda prohibido «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».

También «emplear métodos ilegales o violatorios de la dignidad de las personas para la obtención de información», «comunicar o publicitar información sin autorización», «incorporar datos o información falsos», «utilizar fuentes digitales abiertas para monitorear y observar detenidamente individuos o asociaciones» y «almacenar los datos personales relevados a través del uso de fuentes digitales abiertas en registros o bases de datos, cuando no dieran lugar a actuaciones judiciales».