A pesar de haber sido exceptuada del aislamiento obligatorio, la crisis alcanzó a la industria láctea. Este lunes, el presidente de la Asociación de Pymes Lácteas (Apymel), Pablo Villano, explicó cómo la caída del consumo afecta a las 670 firmas del sector.
Según el representante de la asociación, prácticamente todas las empresas agrupadas dependen de la venta de dulce de leche y queso cremoso, ya que “ha bajado muchísimo el consumo de quesos duros, semiduros, especiales, con ojos y barra”. Esto se debe a que la mayoría de las pymes trabaja con las actividades escolar, bares, confiterías, pizzerías, restaurantes y hoteles, que hoy están cerradas. “Además, está muy mal la cobranza porque la pandemia hizo que no se castiguen los cheques ‘rebotados’ y eso atenta contra la cadena de pagos”, explicó.
En este contexto, “necesitamos ayuda como cualquier sector y no encajamos en ninguna de las medidas, aunque dicen que ahora se ampliará la cantidad de rubros”, reclamó Villano, y continuó: “Para tramitar el ATP (Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo) hay que demostrar que en marzo se vendió menos que en marzo del año pasado, algo que es difícil porque el año pasado se produjo menos debido a una sequía”.
Asimismo, estimó que, en promedio, las ventas cayeron entre 25% y 30%, “pero al que vendía muzzarella en plancha o cilindro a los restaurantes y pizzerías, el negocio se le cayó el 100% y se tratan de reconvertir, de hacer queso cremoso. Lo mismo pasa con el dulce de leche, muchas hacían para confiterías, heladerías y alfajores. Todo eso está casi parado”.
“Lógicamente hay peligros de cierre, por lo menos temporales”, advirtió Villano, ya que “con la planta cerrada hay más facilidades para lograr un subsidio para pagar sueldos o suspender a la gente momentáneamente y pagar el 75%”.
Siguiendo esta línea, ejemplificó: “En una fábrica de quesos no se puede hacer otra cosa que quesos. El problema es que la mayoría está en actividad a medias, con poca producción y venta, así como empleados que no van a trabajar porque tienen más de 65 años o integran la población de riesgo”. “Es una situación complicada en un rubro esencial donde necesitamos seguir trabajando y llevando alimentos a los argentinos”, consideró.
