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Actualizado 21/12/21 17:00

IDESA

Subsidios cubren más de la mitad del costo de la electricidad

Un tema urgente es tomar medidas para detener la escalada exponencial de los subsidios a la energía.


«El tratamiento del presupuesto 2022 es un testimonio más de la mediocridad que sufre el sistema político» señala el último informe de IDESA. Por cierto, según el director Jorge Colina, a la hora de analizar la situación «aparece una situación socioeconómica muy crítica que demanda profesionalismo, creatividad y unificación de esfuerzos. Por el otro, las discusiones cargadas de agresividad e ironías». Y agrega: «Luego de una maratónica sesión de 20 horas, donde prevalecieron los cruces de acusaciones sobre quién es el responsable de la crisis, finalmente el proyecto de presupuesto 2022 presentado por el oficialismo fue rechazado».

Macro horizontal inread

«En los países bien organizados, el presupuesto es una herramienta esencial. De allí la denominación de ley de leyes. Pero en un contexto de tan alta inflación e incertidumbre como el que prevalece en la Argentina pierde relevancia. La degradación del presupuesto se agrava con la gran cantidad de artilugios que le permiten al Poder Ejecutivo apartarse de las previsiones presupuestarias y por el rechazo a la evaluación de resultados de las intervenciones públicas que se programan en el presupuesto», aclara el economista.

Según Colina, «Más conducente hubiera sido empezar a acordar medidas para evitar profundizar la crisis». Aquí, el tema urgente son las tarifas a la energía. Con información publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso se puede hacer el siguiente ejercicio:

  • En el 2021 los subsidios a la energía cubren el 56% del costo de la electricidad.
  • Si la tarifa se mantiene congelada y la inflación en el 50% anual, en el 2022 los subsidios pasarán a representar el 70% del costo de la electricidad.
  • En el 2023, los subsidios pasarán a representan el 80% del costo de la electricidad.

Estos datos son estimativos, pero alcanzan para mostrar que la estrategia de congelar la tarifa eléctrica en un entorno de alta inflación resulta extremadamente dañina. Con un irresponsable oportunismo político se está tendiendo a que los subsidios cubran casi la totalidad del costo de la electricidad. Esto obliga a acelerar la emisión monetaria y al Banco Central a llevar a niveles insostenibles el stock de Leliq y pases para absorber los excesos de emisión. Si el gobierno aspira a ser reelecto y la oposición a gobernar en el 2023, ambos deberían acordar una salida urgente del congelamiento tarifario para evitar llegar a una situación fiscal, social y políticamente insostenible.

Son muchas las acciones que se necesitan adoptar para comenzar a ordenar las finanzas públicas y moderar la emisión monetaria. Pero ninguna tan urgente como replantear la política tarifaria. El rechazado proyecto de presupuesto 2022 lo reconocía al contemplar una disminución de los subsidios a la electricidad como principal factor de reducción del déficit fiscal. El proyecto planteaba una baja del déficit primario desde el 4% del PBI en el 2021 al 3,3% del PBI en el 2022. Prácticamente la totalidad de esa reducción se explicaba por el recorte en los subsidios a la electricidad, que pasaban de 1,6% del PBI en el 2021 al 1,0% del PBI en el presupuesto 2022. Este planteo despeja cualquier tipo de dudas respecto a que no hay ninguna posibilidad de detener la emisión monetaria desenfrenada si no cambia la política de tarifas de los servicios públicos.

Sincerar las tarifas para moderar los subsidios es un desafío muy complejo. El atraso tarifario es enorme y la situación social, productiva y política muy precaria. Se necesita una estrategia cuidadosamente diseñada y ejecutada para morigerar los conflictos. Esto incluye desde hacer docencia respecto a los perjuicios que genera no pagar los costos de los servicios públicos hasta contar con un mecanismo de tarifa social que modere los impactos sobre los sectores más vulnerables. Para esto último se necesita superar enormes déficits en la calidad de la gestión pública. Un esquema de tarifa social requiere ordenar las bases de datos sobre titularidad de los medidores eléctricos, valuaciones inmobiliarias y valores actualizados de los activos e ingresos de las familias.

«El papelón en el tratamiento del proyecto de presupuesto 2022 no es una manifestación de la grieta. Esto sería visiones antagónicas entre las fuerzas políticas que se bloquean mutuamente. Por el contrario, discutir pasionalmente sobre culpas pasadas sin autocritica y sin la valentía y la idoneidad para abordar los problemas presentes goza de un gran consenso en buena parte del espectro político», concluye el informe.