Según el último informe de la consultora IDESA, “entre los años 2017 y el 2019, ya en emergencia, el gasto fiscal primario se redujo en 4,1% del PBI”. Por cierto, si uno analiza en más detalle, “aproximadamente un 47% se explica por la reducción en el valor real de las jubilaciones y los salarios públicos. La reducción en el valor real de la inversión pública explica otros 21% y la reducción en el valor real de subsidios a las tarifas públicas explica otros 14%”, menciona el informe.
Estos datos ponen en evidencia que la reducción del gasto público primario fue importante, pero poco sustentable. Es decir, “prácticamente tres cuartas partes de la disminución del gasto público no se hizo por ordenamiento del sector público sino por licuación inflacionaria. En el único ítem importante donde la lógica fue diferente es en subsidios a los servicios públicos, donde la baja en las erogaciones es sustentable en la medida que se mantenga la recuperación del valor real de las tarifas”, apuntan desde IDESA.
Además, el reporte destaca que “el ajuste fiscal basado en licuación inflacionaria es propio de una crisis, pero no tiene capacidad para sostenerse en el tiempo, ni mucho menos para generar condiciones de crecimiento y progreso social”.
“Por eso, el re-perfilamiento de la deuda pública no es el tema más importante, ni el más complejo de resolver. Suponiendo que se condonara el 100% de la deuda, el problema central seguiría siendo el sector público que tiende a gastar, estructuralmente, más de lo que recauda. De allí que el tema decisivo es avanzar con un profundo ordenamiento tributario, previsional y funcional del Estado. De lo contrario, las devaluaciones y la inflación serán las que fatalmente hagan los ajustes en las cuentas públicas”, concluye el estudio.
