Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, interpuso en el día de ayer un recurso extraordinario federal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
Una sala del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, confirmó hace un mes la sentencia de la Cámara Civil, que prohibió las aplicaciones de agroquímicos en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. La decisión del tribunal proviene de una acción de amparo ambiental colectivo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial el Magisterio de Entre Ríos. El gobierno de Entre Ríos presentó una apelación al fallo al que la justicia no le hizo lugar.
En declaraciones al diario La Nación, Rodríguez Signes mostró su preocupación por el impacto económico del fallo judicial. «No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general», aseguró el funcionario.
